Se propuso un ajuste al costo de transporte por redes e igualarlo a la estructura tarifaria del que se distribuye a través de cilindros, “sin reconocer plenamente las diferencias técnicas, logísticas y económicas entre ambos modelos”, según Agremgas.

El gremio explicó que la diferencia en los costos de transporte entre uno y otro se sustenta es que bajo esta modalidad se asumen gastos adicionales a la operación y el mantenimiento, la garantía de la prestación del servicio de forma ininterrumpida y bajo estándares estrictos de seguridad.

Agremgas señaló que no tener en cuenta esta diferencia implicaría no reconocer la totalidad de los costos reales, lo que podría desfinanciar a las comercializadoras por redes y arriesgar la seguridad energética del país en tiempos de menor producción.

“El GLP por redes es un servicio público esencial, especialmente en zonas donde no hay alternativas energéticas viables. Cualquier regulación que no contemple la cadena completa de valor amenaza la viabilidad de las empresas y la calidad del servicio que reciben los usuarios. Solicitamos a la Creg una revisión técnica que garantice un esquema tarifario justo y sostenible”, comentó Sara Vélez, directora ejecutiva de Agremgas.

En la actualidad, cerca de 300.000 colombianos de 350 municipios se benefician del gas licuado del petróleo. La mayoría de ellos son de estratos uno y dos (demanda residencial). Otros consumidores de GLP son establecimientos comerciales como tiendas, restaurantes y pequeños negocios y usuarios industriales en municipios sin cobertura de gas natural.